Cambiando realidades
Decálogo de recomendaciones
Decálogo de recomendaciones a los Estados para garantizar la salud, la vida y los derechos de las niñas latinoamericanas
1
Partir de un enfoque integral
Los Estados deben abordar los embarazos forzados en niñas de una manera integral, pues solo así podrán detectarse, prevenirse, atenderse y repararse, con base en el interés superior de las niñas y desde una perspectiva de salud pública y derechos humanos que responda a las diferentes situaciones de vulnerabilidad y discriminación a las que se enfrentan las niñas.
2
Brindar educación sexual integral en todos los niveles educativos
Los Estados deben implementar la educación sexual integral obligatoria en todos los niveles educativos, en el sector público y en el privado, y en instituciones religiosas o laicas. Esta educación sexual deberá basarse en datos científicos y tener un enfoque de derechos humanos, que promueva la igualdad y la erradicación de la violencia. Está comprobado que la educación sexual aumenta en un 80% las capacidades de las niñas de detectar y buscar ayuda si son víctimas de violencia sexual.
3
Proporcionar información y servicios de salud sexual y reproductiva
Los Estados deben asegurar información y servicios de salud sexual y reproductiva disponibles, accesibles, aceptables y de calidad. Esos servicios deben proteger el desarrollo físico, mental, psicológico y social de las niñas, especializándolos en función de sus necesidades. Los Estados deben garantizar la provisión de kits de emergencia para aquellas niñas que han sufrido violencia sexual, incluyendo la anticoncepción oral de emergencia.
4
Asegurar el acceso sin discriminación a los servicios de salud sexual y reproductiva
Los Estados deben asegurar el acceso a servicios de salud especializados y amigables a las niñas sin discriminación, especialmente para aquellas que se encuentran en situaciones de mayor desventaja económica, riesgo o vulnerabilidad (niñas indígenas, que viven en zonas rurales, en zonas de guerra, con pocos recursos económicos, migrantes y otras similares).
5
Garantizar el acceso a la interrupción del embarazo
Los Estados deben garantizar el acceso legal y seguro a la interrupción del embarazo para las niñas. Un embarazo en la niñez o en la adolescencia temprana (antes de los 15 años) pone en grave riesgo la salud física, mental y proyecto de vida de la niñas y viola gravemente sus derechos a la integridad, a la vida, a la autonomía progresiva sexual y reproductiva y a vivir libres de violencia, entre otros.
6
Elaborar e implementar rutas y protocolos especializados de atención
Los Estados deben elaborar e implementar protocolos especializados e integrales de prevención, de detección temprana y de atención para niñas víctimas de violación, incluyendo atención especializada en salud para niñas que enfrentan embarazos resultado del abuso. Todas las personas funcionarias del Estado que tienen contacto con niñas, especialmente del sector salud y educación, deben estar debidamente entrenadas para identificar y denunciar la violencia.
7
Asegurar el acceso a la justicia y reparación
Los Estados deben brindar un acceso eficaz, independiente y de buena calidad a la justicia, así como mecanismos judiciales y administrativos de reparación digna y transformadora, tomando en cuenta los factores de vulnerabilidad y de discriminación de las niñas que sufrieron abuso sexual y las que fueron obligadas a continuar un embarazo no intencional y no deseado, para que puedan reconstruir un proyecto de vida acorde a sus expectativas de futuro a nivel educativo y laboral.
8
Implementar programas y leyes para eliminar los prejuicios y estereotipos de género
Los Estados deben promover leyes y sensibilizar a la población y a los medios de comunicación para:
- Eliminar los prejuicios y los estereotipos de género que ven a la mujer solo desde su función reproductiva
- Promover una mayor igualdad y superar los patrones socioculturales de los roles de género de hombres y mujeres
- Fomentar una mayor libertad de las personas en la toma de decisiones relacionadas con la salud sexual y reproductiva
9
Fortalecer su capacidad institucional para abordar el tema
Los Estados deben promover capacitaciones dirigidas al personal de salud, forense, de educación, policial, gubernamental y de justicia para la prevención de la violencia basada en género, la detección temprana y la atención de casos de abuso sexual infantil basados en la escucha y la inclusión de las opiniones y necesidades de las niñas; con el fin de garantizar la integridad física y psicológica de las niñas y evitar ejercer violencia institucional.
10
Desarrollar indicadores y evaluar impacto
Los Estados deben crear un registro de datos, desarrollar indicadores y medir el impacto de la problemática de la violencia en contra de niñas: el abuso sexual en su contra, la proporción de ellas que resultan embarazadas a raíz del abuso, los embarazos no deseados y no intencionales, los partos en niñas, con información desagregada en función de la edad, el género, el origen étnico, la condición económica y cualquier otro indicador relevante, con el fin de desarrollar políticas públicas eficaces.
